El pasado 15 de enero de 2024, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula, previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen, con lo cual la iniciativa pasó a segundo trámite legislativo en el Senado. El proyecto (boletín 15044-12), que ingresó a la Cámara en moción parlamentaria el 31 de mayo de 2022, fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de esa cámara hace un año, luego fue aprobada en Sala en octubre pasado, pero con indicaciones, por lo que volvió a la Comisión, desde donde salió en noviembre, para finalmente ser aprobada enero de este año.
La iniciativa busca hacer frente a la práctica empresarial de publicitar como sustentable, o “verde”, sus productos, servicios o proyectos, muchas veces sin antecedentes reales que avalen esa etiqueta, lo que puede tener consecuencias en los consumidores, inversionistas, comunidades y otros grupos de interés, entre otros. El proyecto original está prácticamente aprobado como salió en su primer informe (11 de enero de 2023), iniciativa en la que se establecen infracciones y sanciones; com o asimismo, establece que las empresas antes de publicitar un producto o servicio deben cumplir con las normas del marco de la evaluación ambiental; no pueden decir que un proyecto es ecológico o verde solamente porque está cumpliendo la ley ambiental, porque eso no tiene nada de verde ni ecológico. Esto permite que las personas puedan acceder realmente a la información de la publicidad y sustentabilidad de manera correcta, tema de fondo.
El proyecto busca prevenir y sancionar el tema del lavado verde de imagen (greenwashing). También apunta a definir qué es sustentable, porque hoy en día cualquier cosa es ‘sustentabilidad’; estableciendo elementos que definan qué es lo sustentable y qué es lo que se va a publicitar como sustentable. Lo anterior debe ser contenido en un reglamento que tramite el Ejecutivo.
En el caso de infracciones por parte de las empresas se establecen multas por 4.500 unidades tributarias mensuales (UTM); y 9.000 mil UTM, según el artículo que se contravenga. Además, las sentencias impuestas por infracciones a esta Ley deberán publicitarse en el Sistema Nacional de Información Ambiental.
En materia de fiscalización se modifica la Ley del Consumidor para otorgar herramientas a la ciudadanía para que puedan denunciar este tipo de cosas, tanto las personas de manera individual como las asociaciones de consumidores.
Queda ver que pasa ahora en el Senado y que puede hacer la Comisión de Medio Ambiente del Senado para acelerar esta Ley.
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